El 27 de Septiembre se celebraron unas importantes elecciones autonómicas en Catalunya. Las terceras en cinco años y se produjo una participación récord, del 77%.
Las elecciones estaban planteadas por los partidarios de la independencia de Catalunya como un plebiscito, substitutorio de un referéndum. El partido del Gobierno de la Generalitat (CDC) y el jefe de la oposición (ERC) e independientes conformaron una lista conjunta (Junts pel Sí), con el objetivo de llevar a cabo un intento de proclamación unilateral de independencia, al margen del marco constitucional español.
Junts pel Sí ganó las elecciones con 62 escaños de 135 y el 39% de los votos pero perdió el plebiscito que se había marcado como objetivo, al no tener mayoría de votos favorables a la independencia. Juntamente con la CUP, la otra candidatura proindependentista de extrema izquierda que ya ha reconocido la derrota del “plebiscito”, obtuvieron el 47% de los votos, pero una victoria en escaños por la mayor representatividad del voto rural en el Parlamento catalán.
Ahora se abre la fase de conformación de un Gobierno de la Generalitat apoyado por las dos fuerzas favorables a la independencia, que será de muy difícil gestión por su heterogeneidad. El actual Presidente de la Generalitat y candidato de Junts pel Sí, Artur Mas ve peligrar su continuidad al frente de la Generalitat de Catalunya, ya que la CUP no está dispuesta a votar su investidura por su política de recortes y los graves casos de corrupción en los que está involucrado su partido. La CUP, clave en la mayoría parlamentaria independentista, es un partido favorable a salir de la UE, el Euro y la OTAN.
El segundo lugar en las elecciones y, como consecuencia de la polarización nacional, lo ha obtenido Ciudadanos, partido nacionalista español de centro-derecha. Los socialistas superan unas encuestas muy adversas y retienen la tercera plaza con 16 escaños y se configuran como el primer partido de la izquierda. El PP se hunde con 11 escaños y la marca catalana de Podemos obtiene malos resultados y queda con 11 escaños también.
La mayoría pro-independencia en Catalunya no obtiene un mandato democrático para emprender el camino unilateral de la ruptura. Sin embargo, el gran derrotado de la política catalana es el inmovilismo: la actitud del Gobierno central que niega el grave problema de encaje de Catalunya en España. Desde la defensa del estado de derecho es incomprensible y contraproducente la judicialización del conflicto político. La estrategia del Partido Popular ha ampliado los partidarios de la secesión en Catalunya. El resultado, una Catalunya dividida en dos mitades.
La crisis territorial del Estado está de igual forma vinculada con la crisis institucional que vive hoy España. Los pactos de la transición y la Constitución de 1978 han quedado desbordados por el paso del tiempo, la llegada de nuevas generaciones y los efectos de la crisis económica. Prueba de ello es la llegada con fuerza de dos nuevos partidos de carácter “regeneracionista”: Podemos y Ciudadanos.
El gran damnificado de la actual situación es la izquierda. En Catalunya el debate social ha quedado totalmente desplazado y las fuerzas de centro-derecha (pro-independencia y nacionalistas españoles) pivotan el sistema político en una sociedad que se declara de forma muy mayoritaria como progresista. Y en España el conflicto refuerza al Partido Popular y limita las posibilidades del PSOE de cara a las trascendentales elecciones generales de diciembre, ya que Catalunya ha sido uno de sus históricos granero de votos. La paradoja es que para solucionar la cuestión catalana es imprescindible desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa.
Ante esta tesitura los socialistas catalanes y el PSOE han trabajado durante los últimos años para proponer una reforma constitucional de calado, que reconozca la singularidad de Catalunya y aborde el reconocimiento de la identidad nacional, mejore la representación de las comunidades autónomas en la toma de decisión del Estado y equilibre las transferencias fiscales para evitar actuales disfunciones. Una reforma de España en sentido federal integrada en la Unión Europea.
Los socialistas, frente a estas dos posiciones de inmovilismo e independentismo, estamos defendiendo el único camino posible: la vía del diálogo, la negociación y el pacto. Un pacto que culmine con una reforma de la CE que sea refrendada y votada por el conjunto de españoles y afronte también las mejoras constitucionales en materia de derechos sociales y limpieza democrática que necesita el conjunto del Estado.
