Esta semana el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo ha votado el informe sobre la crisis de vivienda en la Unión Europea. Los socialistas hemos votado a favor, con la convicción de que es un buen primer paso, pero también con plena conciencia de que queda mucho trabajo por hacer.
Este informe existe porque los socialistas lo hemos impulsado. Fuimos nosotros quienes situamos la vivienda en el centro de la agenda europea. Fuimos nosotros quienes peleamos por la creación de la primera cartera específica de vivienda en la historia de la Comisión Europea. Fuimos nosotros quienes promovimos la constitución de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en el Parlamento Europeo. Y fuimos nosotros quienes trabajamos para que el Primer Plan Europeo de Vivienda se presente en los próximos meses. Lo que hoy se debate en las instituciones europeas sobre vivienda es, en buena medida, el resultado de nuestra presión sostenida, de nuestra visión política y de nuestra determinación para convertir una emergencia social en nuestros pueblos y ciudades, en una prioridad europea.
Como ocurre por ejemplo en mi ciudad, Barcelona, donde el alcalde Jaume Collboni ha tomado una decisión valiente y necesaria: prohibir los pisos turísticos para devolver la ciudad a quienes la habitan. La misma lógica que defienden los alcaldes agrupados en Mayors for Housing: que las ciudades tengan las herramientas legales y los recursos para actuar, por eso seguiremos exigiendo que la legislación europea dé a los municipios el margen de actuación que necesitan para proteger el uso residencial de la vivienda frente a su mercantilización.
Regular, financiar y subvencionar: la respuesta que esta emergencia exige
Los datos son claros y no admiten interpretaciones complacientes: en los últimos diez años los precios de compra de vivienda han aumentado un 55% en Europa, mientras los salarios no han crecido ni remotamente a ese ritmo. Las familias europeas que viven de alquiler destinan hoy, de media, un 40% de sus ingresos a sufragar el coste de su vivienda. En algunas ciudades llega al 60%, al 80% o incluso a más del 110% como sucede en Lisboa.
Esta no es una disfunción pasajera del mercado que el tiempo corregirá por sí solo: es una fractura estructural que exige intervención pública decidida.
La respuesta europea debe articularse en torno a tres ejes. El primero es regular: intervenir con determinación en un mercado que ha demostrado sobradamente que no funciona en este ámbito, poner coto a fenómenos como los pisos turísticos que proliferan de forma descontrolada y atajar sin contemplaciones la especulación que convierte el derecho a la vivienda en un negocio.
El segundo es financiar: construir vivienda pública tiene un coste elevado y las administraciones necesitan acceso a financiación en condiciones que lo hagan viable; el Banco Europeo de Inversiones tiene aquí un papel estratégico que puede facilitar la consecución de resultados con relativa agilidad.
El tercero es subvencionar: movilizar la política de cohesión europea al servicio de la vivienda, trabajando de la mano de los alcaldes de las grandes ciudades que, como los que se agrupan en la iniciativa Mayors for Housing, liderada por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, reclaman con urgencia un liderazgo europeo a la altura del desafío.
Porque una casa no es solo un techo: es la condición material para poder construir un proyecto de vida digno.
El PP ha intentado hacer política nacional con este informe
Una vez más, el Partido Popular ha instrumentalizado este asunto y este informe para atacar al Gobierno de España. Lo ha hecho de manera sistemática y calculada: intentando cuestionar la Ley de Vivienda española, sobredimensionando algunos asuntos, y persiguiendo un enfoque general que buscaba más la rentabilidad del titular en el debate político interno español que la búsqueda de soluciones reales para los millones de europeos que no pueden permitirse un techo digno.
El voto a favor de este informe se produce a pesar de todas estas dificultades. No era admisible no apoyar en el primer texto europeo sobre este gran problema los logros que sí hemos conseguido: la protección de los inquilinos, el reconocimiento del sinhogarismo, los derechos de los colectivos vulnerables, la situación de la gente joven. Hemos apoyado por responsabilidad política, no por adhesión acrítica a un texto que en algunos de sus pasajes dista considerablemente de nuestra posición.
En lo que respecta a los alquileres turísticos de corta duración, la posición es clara: el texto aprobado no refleja con suficiente contundencia que las viviendas deben destinarse al uso residencial y no convertirse en un instrumento de rentabilización económica, especialmente en las zonas sometidas a mayor estrés residencial. Por eso hemos presentado y apoyado enmiendas en este pleno para reforzar ese principio, a pesar de que la mayoría actual de la derecha ha impedido que prosperaran. Nuestra posición ha quedado inequívocamente registrada.
Queda mucho por hacer: la vivienda es un derecho
Este informe es un paso en la dirección correcta, no una meta alcanzada. La vivienda es en esencia un derecho fundamental. Mientras siga abordándose exclusivamente como un activo de mercado, como una variable más de la ecuación financiera, las respuestas que se articulen serán estructuralmente insuficientes.
Seguiremos empujando para que el Plan Europeo de Vivienda de la Comisión sea verdaderamente ambicioso, para que los fondos europeos se pongan al servicio de la vivienda pública y asequible, y para que la voz de los alcaldes y de los inquilinos tenga el peso que merece en las decisiones que se toman en Bruselas.
Porque si algo ha demostrado este largo proceso es que cuando los socialistas empujamos con convicción, Europa se mueve. Y seguiremos haciéndolo.
