En los últimos días, el Parlamento Europeo y el Consejo han cerrado un acuerdo sobre el nuevo reglamento de retornos, una de las piezas más controvertidas de la política migratoria europea. Representa un retroceso histórico en la defensa de los derechos humanos en nuestro continente. Las propias organizaciones de derechos humanos han sido contundentes al calificar esta deriva como la versión europea del ICE de Trump.
¿Qué establece el nuevo reglamento de retornos?
El nuevo Reglamento pretende sustituir a una Directiva que data de 2008, en un contexto en el que solo se aplica el 28 % de las órdenes de retorno. En marzo, el Parlamento Europeo inició esas negociaciones sobre la base de un mandato muy firme, derivado del grupo del EPP.
El pasado 1 de Junio, los colegisladores acordaron que un paquete de diez medidas clave entraría en vigor a partir del día siguiente a la publicación del Reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea, mientras que el resto del marco solo se aplicará después de un período de un año. La gran novedad de esta normativa es que permite enviar a personas migrantes a las que se les ha denegado el derecho de asilo a centros de detención fuera de Europa (artículo 17), principalmente en el continente africano. Estos eufemísticamente llamados hubs de retorno son centros de deportación situados en terceros países con los que los migrantes no tienen ningún tipo de vínculo.
Lo más grave no es solo la externalización de la frontera, sino las condiciones que el texto impone. Las familias podrán pasar hasta 30 meses recluidas en estos centros tras denegárseles el asilo, y ese plazo puede aplicarse incluso cuando hay niños menores de edad de por medio. En un giro que cruza líneas rojas éticas innegociables, el Parlamento Europeo —con los votos de la coalición conservadora y la extrema derecha— endureció la propuesta original de la Comisión para permitir que familias enteras con menores sean enviadas a estos centros extraterritoriales. Solo los menores no acompañados quedan excluidos de esta medida.
A ello se suma la eliminación de razones humanitarias básicas: los lazos familiares o la necesidad de un tratamiento médico urgente ya no son motivos válidos para aplazar una deportación forzosa. Y quien no cumpla la orden de retorno se expone a sanciones que pueden llegar a la prohibición de entrada en territorio europeo de por vida.
La réplica de un modelo fallido y el pacto con la extrema derecha
Este modelo de externalización de fronteras no es nuevo, y sus precedentes ya han demostrado su ineficacia. La primera ministra italiana Giorgia Meloni intentó aplicar una estrategia similar con centros de internamiento en Albania, con un fracaso rotundo y un coste de millones de euros para los contribuyentes. A pesar de esa evidencia, ahora se quiere replicar a escala continental.
Y no es casualidad que esto ocurra así. Este texto ha sido negociado directamente con la extrema derecha para construir una mayoría parlamentaria. Hemos asistido a un resquebrajamiento inaceptable del cordón sanitario en Bruselas, con coordinación directa entre el PPE y partidos como la AfD alemana. El resultado es un reglamento que la propia ultraderecha ya celebra proclamando que «la era de las deportaciones ha comenzado».
España, la voz de la decencia en Europa
Frente a esta corriente reaccionaria, España se ha mantenido firme como el único país que se ha opuesto de forma rotunda a este reglamento en el Consejo. Nuestra postura es clara: la inmigración se puede gestionar de forma eficaz sin renunciar a los derechos humanos. No podemos externalizar nuestras responsabilidades éticas ni delegar la custodia de personas vulnerables —muchas de ellas familias que huyen de países destruidos por la guerra— a terceros países sin garantías democráticas.
La credibilidad de la Unión Europea no se construye encerrando a niños en centros de deportación. Se construye defendiendo el derecho internacional y garantizando vías legales y seguras. Seguiremos batallando en el Parlamento Europeo para que Europa no pierda su alma.
En concusión, estamos delante de uno de los instrumentos más punitivos y peligrosos de la historia de la UE en lo que se refiere a políticas en materia de migración. Los partidos de derecha y extrema derecha vuelven a poner el foco en el control migratorio basado en números y no en una consideración holística y efectiva de la migración como fenómeno mucho más amplio.
