La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de nuestro tiempo. En buena parte de Europa, y especialmente en las grandes ciudades, los precios han crecido muy por encima de los salarios, el alquiler absorbe una proporción cada vez mayor de los ingresos familiares y miles de jóvenes y trabajadores tienen dificultades para vivir allí donde estudian, trabajan o han construido su vida. Es una crisis que alimenta inseguridad, agrava las desigualdades y amenaza la cohesión de nuestras ciudades.
Durante demasiado tiempo, sin embargo, Europa ha abordado la vivienda fundamentalmente desde las reglas del mercado interior. Eso empieza a cambiar. La Comisión Europea prepara una nueva Ley Europea de Vivienda Asequible (Affordable Housing Act), en el marco del primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, que debe permitir avanzar hacia una política común capaz de responder a la dimensión europea que ha adquirido la crisis.
Es un primer paso importantísimo en la buena dirección y, sobre todo, un cambio de tendencia vital. Europa empieza a asumir algo que desde los socialistas llevamos tiempo defendiendo: la vivienda no puede ser tratada únicamente como un bien de mercado. Es un derecho y, cuando está amenazado, los poderes públicos deben disponer de instrumentos para protegerlo.
Más capacidad para actuar donde la vivienda está bajo presión
Uno de los principales avances de la nueva iniciativa es reconocer que la situación de la vivienda no es la misma en todos los territorios y que las ciudades sometidas a una presión residencial extraordinaria necesitan instrumentos específicos. La Comisión plantea avanzar hacia una definición de las zonas tensionadas a partir de criterios objetivos, como la evolución de los precios en relación con los ingresos, la disponibilidad de vivienda o los desequilibrios entre oferta y demanda.
Esto tiene consecuencias importantes. Hasta ahora, las medidas adoptadas por las ciudades para limitar determinados usos económicos de la vivienda debían encajar en un marco europeo construido fundamentalmente para proteger el mercado interior y la libre prestación de servicios. La nueva orientación europea debe permitir reconocer con mucha más claridad que garantizar vivienda suficiente y asequible para los residentes constituye también un interés general que debe ser protegido.
Esta cuestión es especialmente relevante para los alquileres turísticos de corta duración. No se trata de que Bruselas determine cuántos pisos turísticos puede tener cada ciudad, sino de garantizar que, cuando exista una crisis residencial acreditada, las administraciones dispongan de capacidad y seguridad jurídica para regularlos y limitar su impacto sobre la oferta de vivienda. La diferencia es importante: Europa no sustituye a las ciudades en sus decisiones, pero deja de contemplarlas exclusivamente como restricciones a una actividad económica y empieza a reconocer la legitimidad de proteger el uso residencial de la vivienda.
Barcelona, en primera línea de este cambio
Barcelona lleva años en el centro de este debate y puede ser una de las ciudades donde este cambio europeo tenga mayor trascendencia. La presión turística, la escasez de oferta y el crecimiento de los precios han provocado una situación en la que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los barceloneses.
El alcalde Jaume Collboni ha situado la vivienda en el centro de la acción del Ayuntamiento y también de su agenda europea. La decisión de no renovar en 2028 las licencias de alrededor de 10.000 viviendas de uso turístico tiene precisamente el objetivo de recuperar para los residentes una parte significativa del parque de vivienda de la ciudad. Un marco europeo que reconozca expresamente la necesidad de proteger la vivienda en las zonas tensionadas puede reforzar la seguridad jurídica de este tipo de políticas.
Pero Barcelona no se ha limitado a actuar dentro de sus fronteras. Collboni ha impulsado y liderado Mayors for Housing, reuniendo a grandes ciudades europeas para exigir conjuntamente a las instituciones de la Unión más inversión en vivienda asequible y más herramientas para afrontar mercados residenciales tensionados. Es una muestra de algo que resulta cada vez más evidente: aunque las políticas de vivienda se ejecuten principalmente a escala local, regional y estatal, la crisis tiene una dimensión europea y necesita también respuestas europeas.
Una política europea que hemos exigido desde el S&D
El cambio de posición de la Comisión tampoco se produce de manera espontánea. Desde el Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo hemos impulsado y exigido durante años que la vivienda ocupe el lugar que merece en la agenda comunitaria. Si es uno de los principales problemas de nuestros ciudadanos, no tiene sentido que siga siendo una cuestión secundaria para las instituciones europeas.
Esta presión ha contribuido a un cambio político muy relevante. La vivienda ha ganado peso institucional dentro de la Comisión, contamos con el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible y ahora se prepara una nueva iniciativa que debe ampliar las posibilidades de actuación en las zonas sometidas a mayor presión. Pasamos progresivamente de una Europa que consideraba la vivienda casi exclusivamente una competencia ajena a una Europa que empieza a preguntarse qué puede hacer para ayudar a garantizarla.
Eso no significa trasladar a Bruselas las competencias de los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los Estados. Significa utilizar con inteligencia las herramientas que Europa sí tiene: su capacidad de inversión y financiación, las reglas sobre ayudas públicas, la regulación del mercado interior y la posibilidad de proporcionar un marco jurídico que permita actuar con mayor seguridad. Una verdadera política europea de vivienda debe reforzar la capacidad de todas las administraciones, no sustituirlas.
Regular no basta: hay que aumentar la oferta
También debemos evitar simplificaciones. La crisis de vivienda no se resolverá únicamente regulando los pisos turísticos ni combatiendo determinados usos especulativos. En muchas ciudades europeas existe también un problema profundo de falta de oferta, después de años de construcción insuficiente, poca vivienda pública y asequible y niveles de inversión incapaces de acompañar el crecimiento de la demanda.
Por eso la respuesta debe actuar simultáneamente sobre ambas dimensiones. Necesitamos capacidad para regular allí donde la presión turística o especulativa está expulsando vivienda del mercado residencial, pero necesitamos también construir y rehabilitar mucha más vivienda, movilizar el parque existente y aumentar sustancialmente la oferta pública y asequible. Una verdadera política europea de vivienda debe combinar regulación e inversión, porque enfrentar ambas respuestas conduce a un debate falso: no tenemos que escoger entre aumentar la oferta y combatir la especulación; tenemos que hacer ambas cosas.
La Unión Europea puede desempeñar un papel decisivo en ese esfuerzo. Puede movilizar financiación, facilitar la inversión pública, revisar aquellas reglas que dificultan la promoción de vivienda asequible y contribuir a que los Estados y las ciudades multipliquen su capacidad de actuación. Ese debe ser el siguiente paso: convertir el reconocimiento político de la crisis en recursos e instrumentos a la altura de su magnitud.
Un cambio de tendencia que debemos consolidar
La nueva Ley Europea de Vivienda Asequible no va a resolver por sí sola la crisis y tendremos que ser exigentes con su contenido final. Pero sería un error minusvalorar lo que representa. Durante demasiado tiempo, la vivienda permaneció en los márgenes de la agenda europea mientras se convertía en una de las mayores preocupaciones de nuestros ciudadanos. Ahora estamos empezando a corregir esa anomalía.
Las ciudades, con Barcelona y Jaume Collboni en primera línea, han empujado para conseguir más herramientas. Desde el Grupo S&D hemos trabajado en el Parlamento Europeo para convertir la vivienda en una prioridad y exigir a la Comisión una verdadera política europea. Y la Comisión empieza finalmente a moverse en esa dirección. Es un primer paso importantísimo y un cambio de tendencia que debemos convertir ahora en un cambio estructural.
Porque, en última instancia, detrás de las reglas sobre pisos turísticos, las ayudas públicas o la inversión europea hay una cuestión mucho más básica: qué modelo de ciudades queremos construir. Ciudades en las que la vivienda sea fundamentalmente un activo sobre el que maximizar rentabilidades, o ciudades donde quienes trabajan, estudian, forman una familia y construyen una vida puedan seguir viviendo.
Europa empieza a proteger el derecho a la vivienda. Ahora debemos conseguir que tenga las herramientas y la ambición necesarias para hacerlo de verdad.
